Accesibilidad digital: quién vigila en España y qué se arriesga de verdad
Desde el 28 de junio de 2025, las autoridades pueden perseguir los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad derivadas de la European Accessibility Act. Esta guía muestra con sobriedad quién vigila en España, cómo transcurre el procedimiento y qué importes están en juego.
Quién vigila
La Ley 11/2023 encomienda la vigilancia a las autoridades que designan las comunidades autónomas; la Administración General del Estado interviene cuando el ámbito supera una comunidad. No hay registro previo ni autorización: es una supervisión continua, por muestreo y a raíz de reclamaciones. Para una tienda online o un portal de reservas, el interlocutor es por tanto la autoridad de vigilancia de su comunidad.
Cómo transcurre el procedimiento
El procedimiento suele ser gradual. Primero llega un requerimiento de subsanación con plazo; la sanción solo si no se actúa. En casos persistentes pueden añadirse medidas adicionales, hasta la restricción del servicio. Una multa inmediata sin requerimiento previo es la excepción, no la regla.
Los importes en juego
La Ley 11/2023 remite para las sanciones a la legislación sectorial correspondiente y, con carácter supletorio, al régimen general en materia de derechos de las personas con discapacidad. Ese régimen es escalonado: las infracciones leves van de 301 a 30.000 euros, las graves llegan hasta 90.000 euros y las muy graves hasta 1.000.000 de euros. La cuantía concreta depende de la gravedad, la reiteración y las circunstancias del caso; pueden añadirse restricciones al acceso a ayudas públicas.
Reclamaciones
Los consumidores y las asociaciones pueden denunciar un servicio inaccesible ante la autoridad de su comunidad. Una reclamación puede abrir un procedimiento. El riesgo más concreto para una empresa no es la multa máxima teórica, sino una reclamación que desencadena un requerimiento, con los costes de subsanación bajo plazo y la exposición pública que conlleva.
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Comprobar mi web gratis ahoraPreguntas frecuentes
¿Qué multas hay por incumplir la accesibilidad en una tienda online?
El régimen aplicable es escalonado: de 301 a 30.000 euros las infracciones leves, hasta 90.000 euros las graves y hasta 1.000.000 de euros las muy graves, conforme a la legislación sectorial y, supletoriamente, al régimen general en materia de discapacidad. Por lo general precede un requerimiento con plazo.
¿Quién vigila la accesibilidad de las webs de comercio en España?
Las autoridades de vigilancia que designan las comunidades autónomas; la Administración General del Estado cuando el ámbito supera una comunidad. La supervisión funciona por muestreo y a raíz de reclamaciones.
¿Qué ocurre primero en caso de incumplimiento?
Por regla general, un requerimiento de subsanación con plazo, no una multa inmediata. La sanción llega si no se actúa.
¿Puede un consumidor denunciar mi web?
Sí. Consumidores y asociaciones pueden presentar reclamaciones ante la autoridad autonómica competente, y una reclamación puede abrir un procedimiento de vigilancia.
Fuentes oficiales
Actualización: julio de 2026. Este artículo ha sido revisado editorialmente y no constituye asesoramiento legal. Para su caso concreto, diríjase a un despacho especializado.